Plan Cero Calle: así quiere Barcelona coordinar la lucha contra el sinhogarismo
Dormir en la calle en Barcelona se ha convertido en una realidad cada vez más visible, y las cifras lo confirman. Según la Fundació Arrels, el número de personas sin hogar en la ciudad se ha duplicado en solo cuatro años: de 1.064 en 2021 se ha pasado a 1.985 a finales de 2025. Detrás de estos números hay una precariedad con muchas causas y, entre ellas, una de las más pesadas es el precio de la vivienda, que empuja a mucha gente hacia la exclusión residencial.
Para revertir esta situación, el Síndic de Barcelona, David Bondia, ha impulsado el Plan Cero Calle, un plan piloto que ya cuenta con luz verde de los ayuntamientos de Barcelona y de l'Hospitalet de Llobregat y que ahora se encuentra en fase de diseño. Su primer objetivo es tan ambicioso como claro: reducir a la mitad el número de personas que viven en la calle.
Un solo servicio para atender cada caso
La clave del proyecto está en la coordinación. Hoy varias entidades trabajan en paralelo y sin conexión entre ellas. El plan prevé crear un listado compartido donde cada persona sin hogar quede registrada y, en un plazo máximo de 48 horas, disponga de un gestor que haga el seguimiento de su situación. Todo ello a través de un portal único que permitirá un acompañamiento individualizado y continuado, con la participación de organizaciones como la Fundación Arrels, Cruz Roja o Assís, entre otras integradas en las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).
La experiencia se testará en dos barrios: uno en Barcelona, probablemente en Poble Sec o en alguna de las dos Marinas, y otro en l'Hospitalet. En cada uno participarán tres actores: la administración, que garantizará derechos como el padrón o las ayudas económicas; las entidades sociales, que aportarán el trabajo operativo y el acompañamiento humano; y el sector privado y civil, encargado de proveer vivienda y oportunidades laborales. La Sindicatura de Greuges de Barcelona coordinará y supervisará el proyecto, con el apoyo de una institución ejecutora aún por definir y de un comité de ética formado por especialistas de la UB y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
La vivienda, en el centro del problema
Los datos hablan por sí solos: un 62% de las personas que acaban en la calle lo hacen por problemas relacionados con la vivienda. Además, Servicios Sociales del consistorio ha alertado de que más de la mitad de quienes necesitan un albergue de emergencia han perdido su casa. Mantener a una familia de cuatro miembros en un alojamiento temporal cuesta unos 4.200 euros al mes, un desembolso que la Sindicatura considera que podría reducirse ofreciendo opciones habitacionales de largo plazo.
Bondia subraya que el gran problema de la ciudad es la vivienda y que el sinhogarismo no se puede abordar solo desde los servicios sociales. Por eso el plan involucra a organismos como Hàbitat 3 o la Fundació La Caixa, capaces de ofrecer viviendas de largo recorrido. También se facilitará el acceso a ayudas ya existentes que a veces no se solicitan, como la Renta Garantizada de Ciudadanía, de unos 800 euros mensuales. La patronal Pimec sumará planes de empleo, en una apuesta clara por la autonomía personal frente al enfoque tradicional de la dependencia.
Un problema que cambia de cara
El perfil de la persona sin hogar ya no es el de hace años. En la última Mesa Institucional para el Abordaje del Sinhogarismo, el conseller de Derechos Sociales, Raúl Moreno, reconocía que cada vez hay más personas que trabajan y cobran un salario, pero que no llegan a pagar una habitación. Desde el Ayuntamiento calculan que podrían representar entre el 15% y el 17% del total de personas sin hogar de la ciudad. Sònia Fuertes, comisionada de Acción Social, recuerda que cada caso exige agentes y especialistas distintos, y defiende un liderazgo supramunicipal con implicación de los departamentos de Vivienda, Salud y Derechos Sociales de la Generalitat.
Fuertes celebra además que la propuesta ponga a trabajar a dos municipios para generar aprendizajes que puedan replicarse, mientras Bondia habla de crear un efecto espejo: demostrar que las cifras pueden mejorar para extender el modelo a otros territorios, evitando de paso el llamado efecto llamada.
La Generalitat entra en escena
El debate no es solo municipal. La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha impulsado un acuerdo de país para que la Generalitat destine entre el 0,15% y el 0,2% de su presupuesto a esta lacra. De momento, el Govern reforzará la inversión con 30 millones de euros, aunque desde la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social su presidente, Xavier Trabado, considera la dotación insuficiente y reclama empezar con 100 millones para abordar el fenómeno con garantías. En noviembre de 2025, al menos 6.876 personas dormían al raso o en asentamientos precarios en 81 municipios catalanes.
El plan piloto aún debe concretar su metodología y sus objetivos, y queda pendiente decidir, por ejemplo, si se prioriza a las personas jóvenes que llevan poco tiempo en la calle o a quienes sufren una situación cronificada. Pero, como apunta Fuertes, la ciudad no parte de cero: hay profesionales y conocimiento acumulado. La incógnita ahora es si esta manera de trabajar coordinada conseguirá enderezar unas cifras que, por el momento, solo hacen que crecer.
