Narcotráfico en Barcelona: el fiscal antidroga se planta ante las penas más duras
Barcelona acogió este viernes una jornada sobre narcotráfico organizada por Foment del Treball que dejó una de esas afirmaciones que no pasan desapercibidas. Gerardo Cavero, fiscal especial antidroga de la ciudad, puso en duda que endurecer las condenas sirva de algo para frenar a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Llegó a decir que está «casi a punto» de considerar que subir las penas «no produce ningún efecto», y se definió como «agnóstico» sobre la utilidad de la llamada prevención general.
Penas máximas que los tribunales no estrenan
Cavero apoyó su posición con ejemplos concretos. Recordó que la reforma del Código Penal de 2015 fijó condenas de hasta 18 años de prisión para quienes dirigen organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias que causan un grave daño a la salud, y de hasta 15 años en el caso de las drogas consideradas menos perjudiciales. El problema, según el fiscal, es que estos máximos apenas tienen recorrido: son penas «inéditas» que los tribunales todavía no han estrenado.
Otra herramienta casi sin uso, añadió, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la salud pública, que apenas ha tenido aplicación salvo por una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que inauguró la jurisprudencia en esta materia. Sí valoró de forma positiva la ley de multirreincidencia aprobada el 8 de abril, que agrava las penas por defraudación de electricidad cuando se vincula con el tráfico de drogas y castiga el almacenamiento de combustible.
El cara o cruz con la defensa
En la misma mesa, el abogado penalista Emilio Zegrí defendió exactamente lo contrario. A su juicio, las penas más severas no van dirigidas a personas concretas, sino a organizaciones que operan con lógica empresarial: calculan beneficio, riesgo y pérdida. Por eso reclamó modificar el Código Penal y elevar las condenas hasta niveles parecidos a los de otros países del entorno.
Zegrí también se mostró crítico con la distinción legal entre sustancias que causan grave daño a la salud y las que no. «Las drogas denominadas blandas no existen», sentenció, y en caso de reformar la respuesta penal propuso directamente suprimir esa diferenciación.
Una oferta de cocaína «descomunal»
Más allá del pulso sobre las condenas, Cavero alertó de la dimensión del mercado de la droga en la ciudad. Como muestra de que la respuesta penal sí funciona en lo cuantitativo, citó las más de 25 toneladas de cocaína intervenidas en el puerto de Barcelona durante 2024. Pero el dato que más le preocupa es el precio: en 1987 una papelina costaba 10.000 pesetas en la plaza Reial, mientras que hoy ronda los 60 euros. Es decir, «vale lo mismo», lo que descontando la inflación supone que, en términos reales, la cocaína «ha bajado muchísimo». Para el fiscal, esa caída refleja una oferta que no deja de crecer.
Cavero también advirtió del aumento de la concentración de THC en la marihuana, que según sus palabras se ha multiplicado por diez en los últimos años, y lanzó una advertencia dura: «Estamos envenenando a nuestra juventud». Para resumir la situación en Catalunya, recuperó una frase del comisario Chacón: aquí «exportamos marihuana e importamos crimen organizado».
Narcotráfico y economía, un matrimonio peligroso
La jornada la abrió el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que subrayó que el narcotráfico y el blanqueo de capitales suponen «una amenaza muy importante» para la seguridad y la economía. En la misma línea, Vicente Codés, presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la entidad, defendió que el tráfico de drogas trasciende la seguridad ciudadana y supone también un riesgo para la actividad empresarial. «No puede haber economía sólida sin seguridad», afirmó, antes de pedir una cooperación más estrecha, eficaz y mejor coordinada entre administraciones, empresas y justicia.
El debate queda abierto, pero una cosa quedó clara en este encuentro celebrado en Barcelona: el fiscal que mejor conoce el narcotráfico en la ciudad no cree que la solución pase solo por endurecer el Código Penal, mientras el mercado de la droga sigue tan activo como siempre en nuestras calles.


