Vivienda en alerta: por qué los pisos que dejan el alquiler en Barcelona no regresarán
El mercado del alquiler atraviesa uno de sus peores momentos y quien mejor lo conoce ha querido dar la voz de alarma. Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, pasó por Hotel Metrópoli, el formato de conversaciones de Metrópoli Abierta que se graba en el Hotel Barcelona Central y conduce Carlos Losada, para analizar el estado de la vivienda. Su conclusión fue contundente: el piso que abandona el mercado del alquiler no va a volver.
Pequeños propietarios, el verdadero motor del alquiler
Viñas quiso desmontar la idea de que detrás de los arrendamientos se esconden grandes fondos de inversión. En Barcelona, subrayó, el 92% de los contratos corresponde a pequeños tenedores, propietarios con menos de cinco viviendas en Cataluña. Para este perfil, explicó, la meta no es la rentabilidad máxima sino la tranquilidad: cobrar la renta cada mes y, ante un impago, poder recuperar la vivienda en tres meses y no en tres años.
Esa calma se ha roto. La cascada normativa de los últimos años, con decenas de reglas aprobadas en poco tiempo —incluidos dos reales decretos del Gobierno que deben pasar por la Diputación Permanente del Congreso, uno de ellos con mayoría suficiente para salir adelante—, ha generado una inseguridad jurídica que empuja a muchos particulares a vender o a retirar sus inmuebles del circuito de alquiler.
Ocupación, vulnerabilidad y una vivienda bloqueada hasta 2030
Entre los puntos más criticados figura el amparo que, a juicio del Colegio, reciben la ocupación ilegal y los impagos prolongados bajo el paraguas de la vulnerabilidad. Viñas alertó de que las nuevas medidas legales pueden impedir recuperar un piso hasta el año 2030 sin que exista un título habilitante.
También se refirió al papel de los ayuntamientos, como el de Barcelona: cuando el consistorio emite un informe de vulnerabilidad de manera sistemática, el propietario asume nuevas obligaciones y costes mientras el Ayuntamiento no afronta ninguna responsabilidad ni gasto directo. A su entender, el Estado traslada así su deber asistencial a ciudadanos particulares.
El precio, síntoma y no causa del problema
Para el presidente colegial, centrar el debate únicamente en limitar las rentas es un error de diagnóstico: el encarecimiento sería el síntoma de una contracción drástica de la oferta, no su origen. Cada nueva norma espanta al particular, los pisos dejan el arrendamiento y las listas de espera para conseguir una vivienda se disparan en la ciudad.
Rentas antiguas, un lastre heredado del pasado
Otro asunto analizado fue el de los contratos anteriores a 1985, de actualidad por casos mediáticos como el de Mari Carmen Abascal. Existen, según Viñas, bolsas importantes de viviendas donde el dueño percibe cantidades ridículas —citó extremos de 21 euros mensuales de alquiler puro— mientras el resto de recibos, como el IBI o los gastos de comunidad, sigue corriendo de su bolsillo. Una injusticia, aseguró, que vuelve a recaer sobre el titular del inmueble en lugar de asumirla la administración.
Un casting inmobiliario que excluye a las parejas jóvenes
La escasez también ha deformado la selección de inquilinos. Con decenas o casi un centenar de candidatos por piso, los arrendadores priorizan de forma casi automática la máxima solvencia demostrable. El resultado, lamentó Viñas, es doloroso: perfiles estables con ingresos ajustados, como parejas jóvenes que buscan formar una familia, quedan excluidos frente a candidatos con rentas muy superiores. Esta tensión, añadió, lastra además a las empresas que necesitan atraer trabajadores por los problemas combinados de vivienda y movilidad.
La salida pasa por un gran acuerdo
De cara al futuro, Viñas no ve soluciones a corto ni medio plazo con el marco actual y apuesta por un pacto de Estado: una mesa de diálogo con todas las fuerzas políticas, las administraciones, los agentes sociales y los profesionales que conocen el día a día del sector. Sin ese consenso amplio, advierte, el problema estructural de la vivienda seguirá sin resolver, y cada piso que se retira del alquiler en Barcelona será, probablemente, una pérdida definitiva para la ciudad.
