La Generalitat aprueba un fondo de 25 millones para comprar pisos antes del lanzamiento y frenar cientos de desahucios
El acceso a la vivienda vuelve a copar la actualidad política en Catalunya, y esta vez con medidas que afectan de lleno a municipios como Barcelona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció este martes tres paquetes de acciones para blindar el acceso a la vivienda, y entre ellas destaca un fondo de 25 millones de euros pensado para frenar entre 300 y 400 desahucios en la comunidad, una cifra que el Govern ha concretado este miércoles.
La mecánica es fácil de explicar: cuando una persona de «extrema vulnerabilidad» esté a punto de ser expulsada de su vivienda, la Generalitat podrá comprar el inmueble antes de que se produzca el lanzamiento. De este modo, será la propia administración quien gestione después el alquiler, que pasará a ser social, evitando que la familia acabe en la calle.
Un último recurso cuando todo lo demás falla
Tras el anuncio del president, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha detallado que este fondo «inicial» podrá evitar esa cifra de desahucios cuando el resto de medidas presentes «no den fruto, sea la mediación, la activación de un alquiler social... cuando se vaya a hacer un lanzamiento y no haya otra posibilidad». Es decir, no se trata de una primera opción, sino del último recurso antes de una expulsión.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Paneque ha remarcado que la medida se activará cuando haya un lanzamiento de una familia que tenga acreditada la situación de vulnerabilidad por parte del ayuntamiento correspondiente. Un matiz importante: serán los servicios municipales quienes certifiquen esa situación antes de que la Generalitat intervenga.
Ayuntamientos y entidades financieras, llamados a sumarse
La consellera también ha avanzado que la Generalitat espera incrementar los recursos del fondo con aportaciones de los municipios y de entidades financieras que sientan «esta responsabilidad social». De confirmarse estas incorporaciones, el colchón económico podría crecer y, con ello, ampliar el número de familias que se pueden atender.
Camino de la unidad antidesahucios
Esta iniciativa no llega sola. El martes ya se concretó que entre finales de año y principios de 2027 se activará la unidad antidesahucios acordada con los Comuns, cuyo papel será mediar en este tipo de casos y acompañar a las familias afectadas. La unidad cuenta con una inversión aproximada de 40 millones de euros y una plantilla de 50 trabajadores.
Casos que explican por qué esta medida importa
Detrás de las cifras hay historias. El Govern quiere con esta iniciativa hacer frente a casos como el de Jordi, un hombre con un 87% de discapacidad que fue desahuciado este martes junto al resto de su familia del piso donde vivían, en el barrio de Cerdanyola de Mataró. También el de Olga, una mujer que se suicidó tras ser expulsada de su hogar en L'Hospitalet. Dos tragedias que ilustran hasta dónde puede llegar la falta de una red de protección efectiva.
Para los vecinos de Barcelona, donde el precio de los alquileres y la inseguridad residencial son una preocupación constante, estas medidas se siguen con especial atención. Que la Generalitat pueda comprar un piso antes de un lanzamiento y convertirlo en alquiler social puede marcar la diferencia entre quedarse en casa o buscarse la vida de un día para otro. Ahora queda por ver cómo se concreta la aplicación práctica en la ciudad y en el resto del área metropolitana.
Mientras tanto, desde las administraciones se insiste en que el fondo es solo una pieza más de un engranaje que incluye mediación, alquiler social y acompañamiento a las familias. La clave, como siempre en estos casos, estará en la coordinación entre el ayuntamiento de cada municipio y la Generalitat para detectar a tiempo a las familias en riesgo.
